El Municipio de La Plata dispuso hoy la suspensión de las obras y trámites administrativos de más de 400 barrios que habían sido iniciados durante la gestión anterior violando la legislación provincial vigente.
La medida se dispuso en cumplimiento de los distintos dictámenes elaborados por la Provincia, quien advirtió reiteradamente a la gestión municipal anterior que, mientras las ordenanzas no sean convalidadas legalmente, sólo podrían aprobarse intervenciones y autorizarse edificaciones dentro del Código de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo vigente (Ordenanza 10.703).
La ejecución de obras sin la debida convalidación provincial, y violando el artículo 83 de la Ley N° 8912 (Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo), conllevaría la tipificación penal del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículo 248 y 249 del Código Penal), ello sin perjuicio de la posible existencia de otros delitos penales, como fraude a la administración pública (entre otros).
Por tal motivo, se decretó la suspensión por 180 días de los procedimientos y los efectos de los actos administrativos dictados en el marco de las ordenanzas que no se encuentran convalidadas por la autoridad provincial competente, de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial.
De igual modo, quedaron suspendidos por el mismo plazo todos los procedimientos administrativos de proyectos de urbanizaciones que se enmarcan en la Ley N° 14.449.
De acuerdo a los estudios realizados, los 400 barrios privados tramitados de forma irregular en La Plata duplican irresponsablemente el espacio urbano en la capital bonaerense y, además, están invadiendo la zona hortícola.
Hoy la zona urbana de la ciudad se extiende a 250 kilómetros cuadrados; en esta superficie viven 800 mil vecinos, de los cuales 400 mil carecen de cloacas y 200 mil de agua potable, pavimentación, iluminación y el sistema de transporte es aún deficiente.
Estos 400 barrios conllevarían a la casi duplicación del espacio urbano actual sin que existan recursos suficientes para dotar esta extensión de los servicios urbanos indispensables. Este problema se encuentra agravado por la presencia de 200 barrios de emergencias o villas, y los déficits de infraestructura y equipamientos sociales.
Frente al gravísimo problema que conlleva la irregular autorización de 400 barrios privados, la Municipalidad y el gobierno de la Provincia firmaron en julio último un acuerdo para la elaboración de un nuevo Plan y Código de Zonificación Urbana que será analizado en el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, recientemente creado por la Ordenanza N° 12.583, la cual fue aprobada por unanimidad.
El nuevo COUT se encuentra integrado por cuatro unidades académicas de las universidades (la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica); los Colegios Profesionales de Arquitectura e Ingeniería y el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Partido de La Plata. Todos estos organismos tendrán la responsabilidad de dictaminar el contenido del nuevo Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial.
LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDIDAEl decreto está fundado en que la gestión anterior sancionó y aplicó ordenanzas que modifican el Código de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de La Plata sin la indispensable convalidación legal y técnica por parte de los Ministerios de Gobierno y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, tal como establece la Ley provincial N° 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
A pesar de que estas ordenanzas no resultaban legalmente aplicables y que –además- la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial advirtió al Municipio en diversas ocasiones sobre la necesidad de someterlas a un análisis integral, el Gobierno municipal de entonces continuó con su aplicación e incluso dejó de solicitar la debida intervención provincial en posteriores Ordenanzas. Esto resultó en una serie de tramitaciones ilegales que hoy tienen diferentes niveles de avance.
El impacto territorial de los proyectos en trámite y/o ejecución abarca aproximadamente una extensión