Más vendedores ambulantes adhirieron al Plan de Reconversión de la venta ilegal

Se trata de aquellos emplazados sobre los centros comerciales de calle 51, 8 y 12, quienes aceptaron la propuesta del gobierno local.

Grupos de vendedores ambulantes que se encontraban sobre los centros comerciales de calle 8, 12 y avenida 51, llegaron a un acuerdo con la Municipalidad de La Plata y adhirieron al programa de reconversión propuesto para regularizar su actividad y desarrollarla en el marco de las normas vigentes.

El acuerdo entre el sector y la gestión del intendente Julio Alak se enmarca en la creación del Programa de Reconversión de la Venta Ilegal en la Vía Pública, una iniciativa que pretende dar respuesta a esta problemática, promoviendo el fortalecimiento productivo y su ordenamiento territorial.

Este sector representa a un grupo mayoritario de personas que venden en la vía pública quienes, a través de los firmantes, también se comprometieron a liberar el espacio público de las calles céntricas. De esta manera se dio el primer paso para la relocalización de la venta ambulante en las calles céntricas de la ciudad.

Mediante el programa se les ofreció tres alternativas: incorporarse a las cooperativas de barrido de las calles, capacitación en oficios, y la relocalización en paseos de compras. A cambio de estas alternativas, los vendedores se comprometieron a dejar la vía pública a partir del lunes 30 de septiembre.

PLAZAS SIN VENDEDORES AMBULANTES

Cabe recordar que, durante la primera etapa del plan, la Municipalidad procedió a la relocalización de los vendedores que ocupaban el espacio público de las plazas San Martín, Italia y Rocha.

Las alternativas planteadas por el Municipio fueron aceptadas por la totalidad de los vendedores y, de

Escándalo de corrupción: Auditan millonarios subsidios del ministerio de Victoria Tolosa Paz a cooperativas y universidades "militantes" durante el gobierno de Alberto Fernández

Tolosa Paz junto a su marido Pepe Albistur

Nuevos detalles sobre el uso discrecional de fondos públicos durante el gobierno de Alberto Fernández salen a la luz. Se investigan millonarios subsidios a cooperativas vinculadas a organizaciones políticas y proyectos científicos con cuestionable impacto social. Tres semanas antes de dejar el gobierno, la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz autorizó subsidios a una cooperativa que administraba un “bar militante”. Una investigación de Luis Gasulla.

El ministerio de Capital Humano y la Secretaria de Innovación de Ciencia y Tecnología, auditan partidas presupuestarias destinadas a programas, organismos de derechos humanos, universidades y cooperativas de dudosa procedencia. Tres semanas antes de dejar el gobierno, Tolosa Paz autorizó subsidios a una cooperativa que administraba un “bar militante”.

En las últimas horas y, tras una auditoría interna, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, suspendió la operatoria de la Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo Ltda y la Cooperativa Lo de Néstor Ltda. Lo hizo a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo Ltda está involucrada en la causa de los seguros, en la que se lo investiga al ex Presidente, Alberto Fernández, junto a otras personas y empresas. La cooperativa de Trabajo 7 de Mayo operaba en un bar de Palermo Hollywood que, aparentemente, hacía de fachada. El 80% de su facturación era realizada a empresas y personas responsables inscriptos y no a consumidores finales. Esos responsables inscriptos, en su mayoría, estaban involucrados al negocio de los seguros como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros.

El INAES le quitó el subsidio que la cooperativa 7 de mayo había recibido durante el año 2022 por la suma de $15.000.000. Los papeles no aparecían. El gobierno nacional le reclamó a la entidad que devuelva la millonaria partida.

Otra Cooperativa de Trabajo llamada “Lo de Néstor Ltda” también fue suspendida como consecuencia de la obstrucción de sus autoridades a la inspección del INAES que, durante el gobierno anterior, controlaba un militante del Movimiento Evita, Alexandre Roig. El impedimento a la fiscalización pública no permitió indagar sobre el importante volumen, tanto en cantidad como en montos, de cheques que fueron cobrados por caja de la cuenta bancaria de la entidad. Son 61 cheques por un monto total de $15.870.000 entre marzo de 2022 a marzo de 2023. Al mismo tiempo existieron 34 transferencias al presidente de la cooperativa por un total de $2.290.000. “Lo de Néstor” administraba un “bar militante” en San Telmo cuyo titular es el sindicalista cercano a Alberto Fernández y Juan Grabois, Leonardo Alejandro Duva.

“Lo de Néstor” también recibía fondos del Ministerio de Cultura de Tristán Bauer por operar en el Instituto Juan Domingo Perón. En el último año recibió más de 64 millones de pesos en subsidios.

El negocio en la ciencia “militante”

El 17 de noviembre del 2023, 23 días antes de dejar el poder, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Daniel Filmus, durante la presidencia de Alberto Fernández, destinó 42.620.000 de pesos a la Universidad Nacional de La Plata para la realización de una muestra sobre las Abuelas de Plaza de Mayo.

Los auditores se preguntan por qué la partida salió del Ministerio de Ciencia y Tecnología hacia una universidad pública y no desde el Ministerio de Educación.

11 días después, el 28 de noviembre de ese año, nuevamente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología giró una partida por 39.955.000 pesos para otra muestra sobre Abuelas de Plaza de Mayo. En esta ocasión, el dinero lo recibió la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología Innota T dependiente del Conicet. O sea, en una semana, el organismo de derechos humanos presidido por Estela de Carlotto, recibió 82 millones de pesos.

Los auditores se preguntan por qué no se realizó una única muestra y se ahorraban 40 millones de pesos. A su vez, desconfían de los costos de cada una de las muestras.

También analizan convenios firmados por el ex ministro con dirigentes sociales y piqueteros cercanos a Alberto Fernández.

No sólo eso. Las autoridades actuales del Conicet reciben a diario los reclamos, justos y válidos, de becarios que tienen sueldos por debajo de la canasta básica y cuestionan los subsidios a “proyectos