“Si bien sabemos que en la provincia está prohibido que los presos tengan celulares, la realidad indica que hay muchos reclusos que los tienen y, ante esta situación, es que pedimos que se implemente un sistema que bloquee la utilización de celulares en la unidades penitenciarias”, explicó el concejal que trabaja junto a Sergio Massa.
En este contexto, el gobierno provincial deberá instalar, a través del Servicio Penitenciario Bonaerense, un sistema de dispositivos de interceptación, capaz de identificar y bloquear equipos de telefonía celular y sus correspondientes “chips”.
Una experiencia similar fue aplicada con éxito en Brasil. La instalación en los penales de un bloqueador de llamadas celulares resultó una herramienta más que eficaz a la hora de combatir organizaciones criminales comandadas dentro de las cárceles. El sistema permite que no sea necesaria la realización de requisas para la detección de teléfonos móviles ya que los mismos – directamente- no funcionarán.
Según señaló Arteaga “el uso de telefonía móvil, la venta indiscriminada de chips y de celulares robados y su utilización dentro de unidades carcelarias no es un fenómeno nuevo, es una modalidad delictiva que tiene casi una década. Hoy, creemos que han aumentado este tipo de delitos, pero la falta de estadísticas oficiales no nos permiten dimensionar en que magnitud”.
En Salvador de Bahía, el bloqueador inutilizó 1.500 teléfonos celulares en el penal y la criminalidad en la ciudad cayó 25%. En nuestro país, el Ministerio de Justicia colocó detectores de celulares en la cárcel de Devoto y tienen previsto colocar dichos dispositivos en 32 centros dependientes del
Servicio Penitenciario Federal.
“La ciudad de La Plata posee seis unidades penitenciarias y el eje de la iniciativa es proponer alternativas para las demandas que realiza la ciudadanía en el tema de seguridad”, señaló Arteaga.
En el año 2005, la Provincia de Buenos Aires había analizado una medida similar que finalmente no se implementó.
