“Después de muchos años y una ardua lucha de las asociaciones de consumidores, el gobierno reconoció la existencia de este fraude en la facturación de las llamadas. Por eso ahora exigimos que se nos devuelva el dinero que nos facturaron de manera fraudulenta", explicó Henry Stegmayer, titular de Consumidores Responsables.
A mediados de diciembre, el gobierno dio a las empresas un plazo de 60 días para modificar el sistema de facturación. Días antes, la Justicia Federal de San Nicolás había dictado un fallo a partir de la presentación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) en el que obligaba a las operadoras a facturar por segundo el cobro de las llamadas.
Ese fallo, cambia radicalmente el sistema de facturación, toda vez que desde que comenzaron a operar las empresas de telefonía celular fraccionan las llamadas por minuto, en lugar de hacerlo por segundo. Esto significa que si un usuario realiza una llamada de un minuto y un segundo las empresas le facturan dos minutos.
“La resolución judicial y el plazo otorgado por el gobierno significa un avance, pero no debe, ni puede, significar una amnistía. Esto no puede derivar en un 'borrón y cuenta nueva', sino que las empresas deben devolver a los usuarios un resarcimiento”, aseguró Stegmayer.
Por eso, a través de su sitio web, Consumidores Responsables lanzó una campaña para conseguir
firmas que avalen el reclamo de los usuarios. Para esto deberán ingresar a www.consumidoresresponsables.org/reintegro y completar el formulario. El listado de firmas, además de quedar disponible en el sitio web, será remitido a las autoridades competentes, junto con una solicitud formal por el fraccionamiento por segundo.
La Campaña apela a utilizar la fuerza de los consumidores para ubicarlos como una parte activa del reclamo. “La idea es alentar a los usuarios a completar el formulario con sus datos para sumar voluntades y reclamar por nuestros derechos”, consideró.
Desde Consumidores Responsables destacaron además que la telefonía celular constituye la principal fuente de recursos de las telefónicas porque ni siquiera los precios están regulados, toda vez que la legislación no la considera un servicio público.
