Desde la Federación Universitaria de La Plata convocan a movilizar el próximo viernes 22 de febrero a Plaza de Mayo, concentramos a las 16.30hs en la estación de trenes de La Plata.
"Cerca del primer aniversario de la tragedia ferroviaria que se llevó 51 víctimas queda en evidencia la responsabilidad política al elevarse la causa a juicio oral, donde entre los principales imputados aparecen los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime y los empresarios de TBA Mario y Claudio Cirigliano, aliados del gobierno nacional" aseguran desde la FULP a través de un comunicado..
"La causa presenta casos de malversación de fondos públicos y subsidios transferidos del Estado nacional a la empresa TBA, así como el delito de “defraudación” por parte de los funcionarios que tuvieron en sus manos varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) donde se mencionaban los los incumplimientos de TBA y los riesgos en materia de seguridad", continúan diciendo.
"Sin embargo el juicio también presenta sus zonas grises. Julio De Vido, ministro de Planificación que mantenía la Secretaría de Transporte bajo su órbita en el momento del accidente, es uno de los principales responsables políticos de la tragedia y no va a ser investigado por la justicia. En su reemplazo, está acusado el maquinista Marcos Córdoba, un trabajador de la empresa cuya falta de responsabilidad ya fue comprobada", señalan.
"Los intentos por boicotear la causa también se hicieron presentes. El 8 de febrero fue asesinado de cuatro balazos en la espalda el maquinista y luchador ferroviario Leonardo Andrada, un testigo clave en la causa. Este caso se trató de un claro intento mafioso por frenar la investigación, ya que la víctima había denunciado el mal estado de la formación y de las vías, además de la sobrecarga de pasajeros que viajaban en el tren que él mismo había entregado a Marcos Córdoba horas antes de la tragedia", agregan.
"El caso de Once pone en evidencia los principales problemas de un sistema ferroviario caducado y llevado a la quiebra. La precarización y tercerización laboral, los casos de corrupción, las mafias de las patronales y de sus aliados de la burocracia sindical constituyen una red mafiosa expresada en tragedias como la de Once y en el crimen de Mariano Ferreyra. El viernes hay que hacerse presente para reclamar justicia, a la que solo llegaremos mediante la lucha popular" finaliza el comunicado.
:Declaración de la COMPA - A un año de la Masacre de Once
Este viernes 22 de febrero se cumple el primer aniversario de una de las peores catástrofes ferroviarias de nuestra historia: La Masacre de Once, caratulada desde los medios del poder con el eufemismo de "Tragedia".
La magnitud del hecho (51 víctimas fatales y más de 700 heridos/as) obliga a definirlo como un crimen contra los millones de hombres y mujeres que usamos diariamente el transporte público. La misma magnitud de lo ocurrido puso al descubierto la decadencia del modelo de transporte en general: la pésima gestión del Estado, el incumplimiento de las empresas, la corrupción y los negociados.
La Masacre de Once constituye el síntoma brutal de un largo período de vaciamiento y destrucción del transporte público iniciado durante el menemismo. El proceso de privatizaciones que avanzó sobre los servicios públicos y los principales resortes económicos, fue una avalancha que llevó al sistema ferroviario a una profunda crisis. En más de diez años de gobierno, el kirchnerismo nunca rompió con esta lógica que había transformado el derecho al transporte en un negocio.
Más aún, terminó de reforzarla con una política de subsidios que, si bien en algún momento garantizó "planchar" las tarifas, también engordó a los grupos económicos concesionarios, como los tristemente celebres grupos Roggio y Cirigliano. Estas grandes empresas, lejos de cumplir los acuerdos de mantenimiento de las formaciones y las estructuras, usaron el dinero de los subsidios para ampliar sus negocios personales; todo esto a la vista de un Estado que funciono mas como "socio" que como "contralor" de los contratos. Es paradigmático en este sentido el papel de Ricardo Jaime, ex Secretario de transporte del kirchnerismo, quien cuenta hoy con una lista de treinta denuncias y veinte procesos judiciales por corrupción e incumplimiento de su cargo público.
En este proceso de destrucción planificada del sistema ferroviario hay que mencionar otro actor de peso: la burocracia sindical, que al mismo tiempo que buscó acallar las voces de los/as laburantes que denunciaban la situación de quiebra de los ferrocarriles, fue y es socio vital de los negocios que hoy llevan a los trenes a un estado crítico. El asesinato de Mariano Ferreyra y el juicio que está llegando a su fin pusieron al desnudo para amplias capas de la población una situación que las organizaciones veníamos denunciando todo este tiempo: la precarización laboral, el sindicalismo empresario, dueño de las cooperativas explotadoras, así como la vinculación de estos con altos funcionarios públicos. Como ejemplo, sólo basta mencionar las amistosas charlas que sostenían el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y uno de los principales implicados en el asesinato de Mariano, José Pedraza.
Hace dos semanas, el asesinato del trabajador Leonardo Andrada, testigo fundamental del mal estado de la formación que se estrelló en Once, reafirma la sensación de impunidad y pone de manifiesto los poderosos intereses sindicales, políticos y empresariales que están detrás del negocio de los ferrocarriles.
A pesar de los terribles hechos mencionados que abrieron el debate social, la situación del transporte público no ha cambiado estructuralmente. Las políticas ferroviarias del kirchnerismo, a un año de la Masacre de Once, son limitadas y parciales. Esta situación refleja un gran desprecio hacia el pueblo trabajador, que es quien utiliza este transporte, viajando en pésimas condiciones, siempre al borde de un nuevo hecho que pueda provocar más víctimas.
Esto no se modifica con algunas inversiones en la Línea Sarmiento, es necesario avanzar hacia una re estatización del sistema ferroviario (tanto transporte de pasajeros como de carga) que garantice inversiones y puestos de trabajo. Esta gestión debe tener perspectiva nacional y federal, reactivando los ramales paralizados, mejorando frecuencias y precios, y debe efectuarse bajo el control de los/as trabajadores/as y usuarios/as.
Desde la COMPA, lejos de resignarnos a que los mismos de siempre se llenen los bolsillos a costa de nuestros padeceres cotidianos, consideramos que el transporte público debe ser considerado una condición necesaria para la construcción de un país soberano.Por eso exigimos y luchamos por un sistema de transporte estatal más seguro, eficiente y ecológico que comunique federalmente al país, y que garantice movilidad a bajo costo para el conjunto del pueblo.
