En una medida judicial de fuerte impacto institucional y político, la Justicia bonaerense ordenó este lunes suspender de manera preventiva y por un plazo de 60 días la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La medida cautelar fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en respuesta a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entidad que representa a menores e institutos de contención social.
"La resolución judicial pone en la mira la capacidad de la infraestructura provincial para albergar a menores de 14 y 15 años dentro del sistema de responsabilidad penal".
Un fallo que frena la aplicación de la Ley 27.801
La resolución de la magistrada se dio a conocer tan solo 48 horas después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, la normativa aprobada por el Congreso que baja la edad de imputabilidad e incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, modificando además las condiciones de cumplimiento de penas.
En los fundamentos del fallo, la jueza puso el foco en la capacidad operativa de la Provincia de Buenos Aires para responder a las exigencias de la reforma. Según la advertencia judicial, el nuevo esquema incrementaría de forma inmediata la cantidad de menores detenidos y el tiempo de permanencia de los adolescentes en instituciones de encierro, en un sistema que ya presenta un alto nivel de saturación.
Fuertes repercusiones políticas: la postura de Victoria Tolosa Paz
La resolución judicial generó inmediatas reacciones en el arco político nacional y provincial. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz celebró la decisión del juzgado de Lomas de Zamora y lanzó duras críticas contra la reforma impulsada por el Gobierno nacional, asegurando que la baja de la edad de imputabilidad "no es una política de seguridad" y que "no soluciona el delito".
En sus declaraciones publicadas tras conocerse la medida cautelar, la legisladora platense remarcó su rechazo al nuevo marco normativo al sostener categóricamente que la ley de Régimen Penal Juvenil representa "venganza, no justicia", poniéndose del lado de las instituciones que advierten sobre los riesgos del encierro juvenil sin políticas previas de contención e inclusión social.
Alcances de la reforma nacional y el rol del Ministerio de Justicia
La Ley 27.801 fue reglamentada por el Ejecutivo Nacional con el objetivo de permitir que menores desde los 14 años y hasta cumplir los 18 puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal, aunque bajo un marco diferenciado del régimen de adultos. Según el articulado oficial, la norma busca promover la responsabilidad penal, la educación, la resocialización y la posterior integración social de los jóvenes.
A través del decreto reglamentario, el Ministerio de Justicia de la Nación fue designado como la autoridad de aplicación encargada de articular la puesta en marcha con organismos judiciales nacionales y federales. Sin embargo, la decisión del fuero penal juvenil bonaerense impone un freno provisorio al despliegue de las nuevas herramientas dentro de la jurisdicción provincial.
El debate alrededor de las políticas de seguridad ciudadana, la imputabilidad de menores y la infraestructura carcelaria continúa siendo un eje clave para la comunidad y las instituciones de la región. Las resoluciones que adopten los tribunales superiores durante este período de 60 días resultarán decisivas para definir la aplicación definitiva de la ley en el principal distrito del país.
"Esta normativa no es una política de seguridad y no soluciona el delito: es venganza, no justicia". — Victoria Tolosa Paz, diputada nacional.
Una respuesta judicial y política desconectada de la realidad
El freno dictado por la Justicia y la ratificación de discursos que justifican la inimputabilidad juvenil terminan enviando una señal contradictoria a una ciudadanía agotada por la impunidad. Eximir de
