Un proyecto en la Legislatura bonaerense propone derogar la ley del abogado del niño, una figura que funciona hace más de una década, y pretende darle a la Suprema Corte y al Ministerio de Justicia poder para supervisar los registros que hoy organizan los Colegios de Abogados.
El abogado del niño patrocina a un niño o adolescente y define lo que esa persona quiere y necesita. “No representa a los padres, ni al juez, ni al Estado: patrocina a niñas, niños y adolescentes”, indicó la abogada Sara Cánepa, especialista en la materia, que agregó: “Esta figura existe desde la Ley 14.568 de 2013. A partir de ahí, los veinte Colegios de Abogados de la Provincia fueron armando sus registros con profesionales capacitados especialmente para esta tarea. El Colegio de la Abogacía de La Plata fue el primero en dictar el curso y formar su Registro. Lo que intenta la Legislatura bonaerense es derogar una ley y reemplazarla por otra completamente nueva. Y lo hace sin explicar qué es lo que funciona mal de la que está actualmente vigente. No hay un balance de lo hecho en estos años. Si algo falla, se puede corregir sin tirar abajo todo lo construido”.
Por su parte, María Donato, también abogada de familia y referente en el Colegio de la Abogacía de La Plata sobre el tema, dio cuenta de los cambios que se promueven y que preocupan al ámbito profesional: “No creemos que sea conveniente que la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia pasen a supervisar los registros de abogados del niño y tampoco nos parece adecuado que los honorarios dejen de estar a cargo del Estado y que como regla pasen a pagarlos los padres, tutores o guardadores”.
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Ambas letradas explicaron lo inconveniente que sería que la Justicia y el Gobierno supervisen los registros de abogados del niño. Cánepa señaló que muchas veces el abogado del niño tiene que reclamarle justamente a ambos. “Si un organismo no protegió a un chico, o si un juez tomó una decisión que lo perjudica, el abogado del niño tiene que poder cuestionarlo sin estar sujeto a un funcionario estatal o a un juez. Sería como que el árbitro controle al abogado de uno de los equipos. Por eso el control profesional tiene que seguir en los Colegios de Abogados”.
En cuanto al pago de honorarios, Donato manifestó que “cuando la familia no tiene recursos, paga todo el Estado provincial. En los demás casos, el Estado paga la mitad y el resto se define en el juicio. El proyecto da vuelta esa lógica: primero pagan los padres, y el Estado sólo en casos excepcionales. Nos oponemos a que paguen los padres porque tener un abogado es un derecho del chico, no un servicio que compra su familia. Si depende del dinero, terminamos con chicos de primera y de segunda. Y pensemos en algo muy concreto: muchas veces el chico necesita un abogado propio precisamente porque está en conflicto con los adultos que lo tienen a cargo, entonces el pago no puede estar a cargo de esos adultos en exclusiva”.
La abogada argumentó esa postura recordando que la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061 garantizan a los chicos el derecho a tener abogado. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina en 2023 en el caso ‘María y otros’, entre otras cosas por fallas en la protección judicial de una madre adolescente y su hijo. Y existe un principio de derechos humanos: lo que ya se logró no puede retroceder y menos aún sin una razón que lo justifique”.
Ambas abogadas indicaron que el proyecto que pretende debatirse no fue consultado a los Colegios
