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| Sergio Massa, Ministro de Economía y Candidato presidencial |
Marcelo Bermolén, especialista en acceso a la información pública, profesor de la Escuela de Gobierno y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, analiza el contexto en el que se toman las medidas y el impacto que tienen a nivel de calidad institucional.
Buenos Aires; septiembre de 2023 - Por medio del DNU 438/23, publicado el 30/08/2023 en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la decisión de aplicar un subsidio no remunerativo de $60.000 a los trabajadores regulados por las leyes y estatutos profesionales del sector privado, y a trabajadores del sector público que cumplen funciones en las jurisdicciones y organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, tras fuertes cruces entre la Casa Rosada y muchas provincias, y enérgicas críticas del sector privado, el texto publicado fue mutando respecto de los anuncios oficiales originales que habían expuesto, incluso, contradicciones dentro de los propios funcionarios, quedando finalmente las jurisdicciones provinciales y locales habilitadas para adherir de forma voluntaria.
Frente a las repercusiones de los anuncios, algunos sectores se han preguntado si las medidas generadas desde el Ministerio de Economía -e impuestas al sector privado- son constitucionales, y si no existe un conflicto e intromisión desde el Estado nacional, en medio de las crecientes dificultades económicas y sociales.
Al respecto, Marcelo Bermolén, especialista en acceso a la información pública, profesor de la Escuela de Gobierno y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, puntualiza:
“Nuestra Constitución busca asegurar determinados derechos y protecciones sociales, y propiciar un cierto grado de bienestar y de desarrollo en diversos campos. A la vez que promueve, con
