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lunes, 20 de abril de 2026

Aberrante en La Plata - La Jueza María José Lescano mandó a uno de los adolescentes involucrados en el crimen de Kim Gómez a una escuela común. Los padres piden que lo aparten del establecimiento

Una jueza que con su fallo logró que varios alumnos no quieran ir a clases en pos de que un asesino esté escolarizado. ¿Mandaría la Dra. Lescano a sus hijos al colegio junto con un asesino?


El adolescente de 15 años, que era inimputable al momento del hecho, asiste bajo resguardo judicial a la Escuela Secundaria N° 41 de Abasto. Denuncian conductas intimidantes y la circulación de un video sobre el crimen.


Un nuevo capítulo del caso que sacudió a La Plata y al país genera polémica en el sistema educativo. La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 41 de La Plata atraviesa un fuerte conflicto luego de que un adolescente vinculado al crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada durante un robo, retomara las clases bajo un régimen especial.

Se trata de un joven de 15 años que fue cómplice de Tobías Godoy, ya condenado por el asesinato. El menor asiste a clases en ese establecimiento bajo un régimen especial, ya que no pudo ser juzgado porque al momento del hecho tenía 14 años.

El menor permanece alojado en el Instituto Araoz Alfaro, bajo resguardo judicial. Desde allí es trasladado diariamente para cumplir con la escolaridad obligatoria y luego retirado por personal especializado.


Conductas intimidantes y un video que encendió las alarmas


El conflicto escaló en los últimos días por la supuesta circulación de un video en el que el propio menor muestra imágenes relacionadas con el robo del auto donde murió Kim, y relata detalles del hecho a otros alumnos. Además, varias familias denunciaron conductas intimidantes hacia estudiantes más chicos.


La postura judicial


La jueza de garantías María José Lescano explicó que el menor "está institucionalizado como todos los demás que están en esos centros de contención" y que "hace poco que se le está garantizando la educación".

Desde el entorno judicial sostienen que el acceso a la educación forma parte de los derechos garantizados a los menores, incluso en contextos de encierro, y que responde a los lineamientos del sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, esa postura choca de frente con el dolor y el miedo de las familias que envían a sus hijos todos los días a ese establecimiento.


Un debate que no tiene respuesta fácil


El caso abre una discusión que la sociedad argentina todavía no saldó: cómo articular los derechos de un

menor infractor y la tranquilidad del resto de la comunidad educativa. La madre de Kim sintetizó el dolor colectivo con una frase que quedó grabada en la memoria de todos: "¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?". Esa pregunta sigue sin respuesta. Y la presencia de su cómplice en un aula platense la vuelve a poner en el centro de la escena.


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