Funcionarios del Poder Legislativo bonaerense que podrían terminar complicados en la Justicia completaron una investigación administrativa que no encontró problemas, “ñoquis” ni faltante de dinero
Para la Justicia, el “caso Chocolate” tiene consistencia. Por eso, Julio Rigau y sus presuntos jefes, Facundo y Claudio Albini, afrontarán un juicio oral, acusados de desviar al menos 464 millones de pesos de las arcas públicas, con la complicidad de 48 “ñoquis” y empleados “fantasma” de la Legislatura bonaerense, durante años. Pero para la propia víctima eso no fue así, sino todo lo contrario, según concluyó por escrito: aquí no ha pasado nada.
La Legislatura bonaerense completó una “investigación preliminar” plagada de lagunas e inconsistencias, pero en la que descartó que se hayan cometido “irregularidades” –mucho menos delitos-, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”, y hasta desechó un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo LA NACION.
La “investigación preliminar” se inició en septiembre de 2023, en los días posteriores a la detención de “Chocolate” Rigau en una sucursal del Banco Provincia del centro de La Plata, mientras utilizaba varios cajeros automáticos para extraer dinero de decenas de tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Legislatura. Su arresto desató un escándalo de proporciones que impactó sobre el peronismo, la UCR y el PRO.
En los meses que siguieron, la fiscal Bettina Lacki indagó a Rigau y a sus jefes, el concejal platense Facundo Albini y el subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, como también a los titulares de todas las tarjetas de débito, que se negaron a declarar –con la excepción de uno: Ezequiel Tocci-, y ordenó el peritaje del teléfono del puntero del PJ.
¿Qué surgió del teléfono de “Chocolate” Rigau? Mostró que mantenía un ida y vuelta continuo por WhatsApp con Facundo Albini, que además de concejal era apoderado bonaerense del Frente Renovador de Sergio Massa, y que Rigau debía rendirle cuentas a su padre, Claudio Albini. “Yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio, [para] tratar de rendir lo más temprano posible y llegar, por lo menos, a las doce”, le explicó “Chocolate” a una mujer, en un audio que recuperaron los peritos.
Apoyado en esas y otras evidencias, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, convalidó la pesquisa de la fiscal Lacki, firmó las prisiones preventivas de Rigau y los Albini, y sostuvo que la investigación debía avanzar hacia los escalones superiores de responsabilidad criminal, que todavía permanecen en las sombras. Afirmó que confiaba en que “con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
Para la Legislatura, sin embargo, es todo humo.
Iniciada por el director general de Legal y Técnica, Eduardo Vito Risiglione, el primer paso de la investigación administrativa fue citar a los 49 supuestos empleados de la Legislatura, para de inmediato reflejar cómo sería la indagación. Sólo declararon 46, que negaron ser “ñoquis”, aunque muchos no pudieron precisar cuándo empezaron a trabajar, ni señalar la oficina específica donde trabajarían, ni quiénes serían sus jefes o compañeros. Y no les repreguntaron.
A continuación, los sumariantes les consultaron a los supuestos jefes de los presuntos 49 empleados. Como era de esperar, confirmaron que esas personas trabajaban para ellos. No hacerlo, cabe aclarar, hubiera conllevado que admitieran su complicidad en la comisión de un delito o se arriesgaran a perder sus empleos. Dato: los sumariantes no hicieron otras medidas de prueba para verificar si, en efecto, los presuntos empleados realmente iban a trabajar. No fueron a sus oficinas u otros lugares de trabajo, no revisaron sus computadoras, no consultaron a terceros, no pidieron cámaras. Cero.
Sin embargo, sólo con esos testimonios, el secretario administrativo de la Legislatura, Miguel de Lisi, le pidió a la Dirección General de Auditoría que indicara si la investigación era “suficiente”. Respuesta: el director general de Auditoría, Pedro Pourthé, le expuso que no habían completado las citaciones a los supuestos empleados: faltaba que declararan Cristian Rigau –uno de los hijos de “Chocolate”, María Eugenia Rodríguez y Ezequiel Tocci.
La investigación preliminar sumó entonces otra falencia: se incorporaron los legajos de los tres supuestos empleados, con las firmas, en teoría, de Cristian Rigau, Rodríguez y Tocci, junto a tres precisiones adicionales del director de Personal de la Legislatura, Pablo Parente, es decir, el superior inmediato de Claudio Albini. Indicó que Rigau había dejado de trabajar en 2017, que Rodríguez había renunciado el 1 de octubre de 2023 y que a Tocci le habían rescindido su contrato por ausencias injustificadas; es decir, por culpa de Tocci.
Tras esa respuesta de Parente, los sumariantes no citaron a ninguno de los tres faltantes. Ni a Rigau para consultarle dónde se desempeñaba cuando en teoría sí trabajaba en la Legislatura, ni a Rodríguez para preguntarle por qué había renunciado tres semanas después del estallido del escándalo -¿problemas personales, no quería quedar pegada o algún otro motivo?-, ni para verificar si Tocci era, dadas sus “ausencias injustificadas” a su trabajo, un “ñoqui”.
La aparente omisión en la citación de los sumariantes reflejó, sin embargo, algo más profundo. Tocci había sido el único de los titulares de las tarjetas que usaba Rigau que había roto el silencio ante la fiscal Lack. Declaró que él no trabajaba en la Legislatura, aunque le habían hecho firmar un contrato y que no reconocía la tarjeta a su nombre. En otras palabras, al único que la Legislatura bonaerense echó por “inasistencias”, sin siquiera citarlo, ni darle la oportunidad a defenderse, fue al que abrió la boca en los tribunales.
De haber indagado más o complementado sus esfuerzos con los de la fiscal Lacki, sin embargo, los sumariantes de la Legislatura habrían accedido a datos inquietantes. Por ejemplo, al informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Policía Federal que determinó que alguien extrajo por cajero más de $10,5 millones con una tarjeta a nombre de Tocci. ¿Fue Rigau u otra persona que permanece en las sombras? No indagaron. ¿Y quién firmó por él una planilla de su supuesto legajo laboral en 2022? Tampoco indagaron.
El siguiente paso en la “investigación preliminar” fue ordenar un “seguimiento individual” de todos los empleados. ¿Lo curioso? Sin admitir explícitamente falla o irregularidad alguna, el área de Auditoría recomendó “controlar la normalización en el cumplimiento de la prestación de servicios, como así también en los procedimientos de control de asistencia”.
A continuación, los sumariantes consultaron otra vez a los supuestos jefes de los presuntos ñoquis. Los responsables de las áreas de Personal, Servicios Auxiliares, Recepción y Sistemas emitieron certificaciones de servicios, en tanto que la Dirección de Relaciones Comunitarias se comprometió a desarrollar talleres para esos supuestos empleados sobre el “Manual de Buenas Prácticas Laborales” de la Legislatura.
Ya en abril de 2024, Risiglione dispuso volver a tomarle testimonial a los supuestos “ñoquis”. Pero ya no citó a 49, sino a 41, de los que 15 habían sido dados de baja en diciembre de 2023: Álvaro Agra, Mónica Caberta, Ernesto Crivaro, Marcela D Ovidio, José Da Ponte, Flavia Di Rosa, Ricardo Gonzalez, Diego Koster, Agata Plana, gerardo Rigau, Maximiliano Rigau, Antonio Javier Rodríguez, Ricardo Mario Sánchez, Juan José Tocci y Oscar Vircio. A todos ellos no los citó, ni indagó por qué no les habían renovado sus contratos.
Otros 22 de los 41, en tanto, habían cambiado de supuestos lugares de trabajo. Todos asesorados por el mismo abogado, Osvaldo Perelló, algunos indicaron que hasta la detención de “Chocolate” Rigau trabajaban “en el territorio” (Lidia Malmaceda, Diego Berón, Marisol Correa, Paula Valdata) o haciendo “tareas de campo” (Ramón Pascual) o “encuestas” (Aldana Rodríguez, Graciela Anivarro) o “asistiendo a clubes y comedores” (Juan Marcos Vallejos”) o, incluso, “presencia en actos políticos” (Raúl Boragina). Pero los sumariantes no repreguntaron, ni completaron todas las testimoniales: omitieron, por ejemplo, a Carlos Ravetllat, quien había dicho en su primera testimonial que era “pintor” y que presentó un certificado médico que le indicaba reposo por 30 días para postergar o evitar la segunda. Lo logró. No lo llamaron.
De todos modos, para el nuevo director general de Auditoria, Hernán Valetti, el material recolectado fue más que suficiente. Aunque Rigau, los Albini y todos los titulares de las tarjetas deberán afrontar un juicio oral que puede llevarlos a prisión, el funcionario concluyó lo contrario. “No se han advertido irregularidades de orden administrativo respecto de la efectiva prestación de servicios de los trabajadores involucrados”, sostuvo, “como tampoco con relación a la modalidad de contratación y al control de las obligaciones asumidas”.
Valetti afirmó, incluso, que “el personal afectado se trata de empleados de la HCD [por Honorable Cámara de Diputados] cumpliendo funciones desde hace varios años”, y que “todos los agentes perciben sus salarios con normalidad y ninguno de ellos declaró haber advertido faltantes de dinero ni que se les exigiera la entrega de parte de su salario”, omitiendo lo que había expuesto Tocci en tribunales.
La omisión de Tocci resultó aún más flagrante en el siguiente párrafo del auditor: “En definitiva, de lo que surge de todo lo obrado no se advierte la existencia de personal en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que haya sido contratado empleando mecanismos fraudulentos, ni que en relación a los 48 agentes sobre los cuales se han realizado un relevamiento de su situación de revista, pueda corroborarse que no hayan desempeñado sus tareas, ni que se les exigiera la entrega de parte de sus salarios”.
El remate llegó el 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del trabajo, cuando el director general de Legal y Técnica de la Legislatura, Eduardo Vito Risiglione, firmó el dictamen 1974/2024. Estimó que no había más “prueba por producir” y que se daba por “descartado el perjuicio” para las arcas públicas.
En la Legislatura, en suma, no pasó nada.
Hugo Alconada Mon
Fuente: Caso Chocolate: para la Legislatura bonaerense, no hubo irregularidades - Por Hugo Alconada Mon
