Con la pandemia, las visitas carcelarias se suspendieron y se habilitaron los celulares para que los internos tuvieran contacto con sus familias. Hoy a más de un año de la finalización de la cuarentena, Los contactos presenciales se reanudaron, pero los internos continúan con los teléfonos y aumentó la comisión de delitos (estafas y secuestros virtuales, venta de drogas y grooming entre otros).
La necesidad de que los presos en las cárceles bonaerenses tuvieran contacto con sus familias durante el aislamiento obligatorio en la pandemia, derivó en que la Justicia, en aquel momento, los autorizara a poseer y utilizar teléfonos celulares.
La necesidad de que los presos en las cárceles bonaerenses tuvieran contacto con sus familias durante el aislamiento obligatorio en la pandemia, derivó en que la Justicia, en aquel momento, los autorizara a poseer y utilizar teléfonos celulares.
Pero la realidad dista de la finalidad original de la medida si se tiene en cuenta que en el último tiempo aumentó la comisión de delitos como estafa, venta de droga y grooming por parte de detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se valen de los dispositivos móviles para delinquir.
La necesidad de que los presos en las cárceles bonaerenses tuvieran contacto con sus familias durante el aislamiento obligatorio en la pandemia, derivó en que la Justicia, en aquel momento, los autorizara a poseer y utilizar teléfonos celulares.
Pero la realidad dista de la finalidad original de la medida si se tiene en cuenta que en el último tiempo aumentó la comisión de delitos como estafa, venta de droga y grooming por parte de detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se valen de los dispositivos móviles para delinquir.
El malestar de la sociedad por este tipo de ilícitos -consumados incluso desde el penal de Villa Floresta- y el rechazo de la iniciativa por la oposición, desembocan en el interrogante de por qué, a más de dos años de la finalización de la cuarentena obligatoria (31 de enero de 2021), los internos de las prisiones de la provincia continúan teniendo permitido el uso de telefonía móvil.
Claudio Brun, juez de Ejecución Penal bahiense, explicó que el protocolo para el uso de celulares elaborado por el SPB fija “excepciones para extender” su plazo, y añadió que esta posibilidad queda bajo el “arbitrio de situaciones especiales”.
Al respecto citó el artículo 2 del documento, el cual determina que “los resultados de la puesta en práctica de este protocolo permitirán evaluar la extensión de su vigencia, así como la modificación y/o ampliación de su contenido”.
Además -expresó Brun-, una persona privada de la libertad que utiliza un celular “registrado” por el SPB está dentro del marco de legalidad porque, de acuerdo con el reglamento interno del organismo, es un “elemento permitido”.
“Método intermedio”
El magistrado calificó el acceso de la población carcelaria a estos dispositivos como una “herramienta de resocialización importante”, pero aclaró que su control a cargo de las autoridades es imprescindible.
“Hay que buscar un método intermedio para que el interno tenga contacto fluido con su familia, pero al mismo tiempo restringir el uso indebido del equipo. No puede ser que, con un celular, detenidos delincan desde el interior de las cárceles”, afirmó Brun.
“En el ámbito de la política criminal deberían ser creativos tecnológicamente para mantener esta herramienta positiva, pero a su vez encontrar alternativas para controlarla. Es difícil controlar porque el detenido recibe un celular registrado, pero después cambia el chip continuamente”, agregó.
Como alternativa planteó reemplazar los aparatos móviles actuales por un modelo básico habilitado para comunicarse solo con “2 o 3 familiares”.
“No sé si será factible o, en caso de serlo, si será efectivo porque es un elemento nuevo que también amerita el debate. Mi postura, incluso antes de la pandemia, es que la tecnología avanza y es necesario adaptarse a ella”, opinó.
“No pueden hacer efectivo el artículo 160 de la ley nacional de Ejecución Penal (24.660), porque se declaró el fenómeno de la pandemia y tuvieron que otorgar celulares. El gobierno está analizando los pros y los contras de una eventual marcha atrás”, acotó.
“El legislador nacional avanzó sobre la temática a nivel general y concretó la prohibición del uso de celulares, pero la medida aún no entró en vigencia por la pandemia. En Provincia nunca se trató el tema legislativamente y la ley solo prevé ‘elementos no permitidos’, que los determina la reglamentación interna del SPB”, continuó Brun.
Desde 1996 en el territorio bonaerense rige la ley 12.256 de Ejecución Penal, aunque -indicó- no especifica sobre la utilización de teléfonos móviles por parte de procesados y condenados alojados en las unidades penitenciarias.
“En ese momento el uso de celulares no estaba en auge como ahora, por el avance de la tecnología en las comunicaciones. Estas son exclusivamente políticas criminales; es decisión del ministerio de Justicia (bonaerense), que es la cabeza de toda esta situación y determina si la medida es necesaria o no".
A criterio del juez, la supuesta suspensión de la medida provocaría un “alzamiento” de parte de los encarcelados.
“Las autoridades que analizan esta hipótesis, que es legal, pueden ver una eventual reacción negativa porque la decisión tal vez sea mucho más perjudicial que beneficiosa.
“Sería lógico que la población carcelaria se alzara si dejase de poder usar celulares, por eso propondría algo gradual, con control y no de forma total”, planteó Brun.
El representante del Poder Judicial se refirió, por otra parte, a la importancia de instalar inhibidores de señal de telefonía móvil en las cárceles del territorio provincial.
Pros y contras
A entender del titular del juzgado de Ejecución Penal Nº 1, el uso de celulares por personas privadas de la libertad trajo aparejados simultáneamente aspectos positivos y negativos.
“Es un fenómeno que llegó de la mano de las nuevas tecnologías y gracias al cual los niveles de conflictividad dentro de los penales bajaron ampliamente. La Constitución Nacional y las leyes internacionales establecen que el interno debe tener contacto con su núcleo familiar”, aseguró Brun.
"Para un interno con buenas intenciones, el celular es un contacto diario con su familia, reduce el estrés y tiene fines recreativos. Hay detenidos que hacen trabajos adentro de la unidad, pero si no quieren hacer nada por lo menos están entretenidos con el celular.
"Sin embargo les va a repercutir en la pena, porque los ociosos no obtendrán los beneficios correspondientes", aclaró.
Sobre los aspectos negativos, Brun resaltó que la medida originó la "pérdida de control" por parte de los agentes penitenciarios, para prevenir la comisión de delitos desde dentro de los establecimientos carcelarios.
"En cada pabellón hay un teléfono fijo y antes de la pandemia, cuando los internos llamaban extramuros, el receptor era advertido de que el llamado provenía del SPB (y si lo aceptaba podía ser víctima de un delito). Con el uso de un celular, esto no sucede", finalizó Brun.
“Libre acceso”
El doctor Juan José Baric, exsubsecretario de Política Penitenciaria durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, se mostró en desacuerdo con la medida.
Dijo conocer cárceles en España, Francia y Estados Unidos, pero en “ningún sistema carcelario del mundo permiten el libre acceso a celulares que tienen los detenidos en la Argentina”.
“No es una buena medida, pese a que en su momento haya sido necesaria por la pandemia. No hubiera dado libertad para celulares y hubiese ampliado la red de teléfonos públicos fijos, para que los presos tengan acceso a comunicarse con sus familiares”, consideró Baric.
“Cuando gobernamos en Provincia tuvimos más de un inconveniente con esto y, sin duda, es un tema ideológico. A veces se les da a los internos más derechos que al ciudadano en libertad, con lo cual si se tomó la medida por una emergencia sanitaria a nivel mundial, debió haber cesado inmediatamente cuando la cuarentena obligatoria se levantó para todos”, reflexionó el exinterventor del SPB.
“Cuando otorgás un derecho, después es muy complicado volver atrás, máxime en contextos de encierro donde los detenidos suelen tener complicaciones para entender algunas reglas de conducta”, completó.
Según el actual juez federal pampeano, el uso de móviles por presos causó el aumento de delitos como “estafas virtuales” cometidas desde dentro de las unidades penales.
El entrevistado coincidió con su colega Brun en que la probable prohibición del uso de celulares por detenidos debería concretarse de forma “paulatina y haciéndoles conocer la situación”.
Sin embargo, Baric no descartó un posible levantamiento de la población carcelaria en caso de que le quiten los dispositivos.
“Esto es un tema más político que otra cosa. De hecho, no es lo mismo cómo se maneja el Servicio Penitenciario Federal que el de una provincia”, concluyó.
“Institucionalizado”
Según una fuente del SPB, el uso de celulares por presos se “institucionalizó”, por eso si se suspende el beneficio, las cárceles bonaerenses -reconoció- se convertirían en un “polvorín”. “Sería un problema”, aseveró el vocero.
El interno solo puede usar el móvil “habilitado” para comunicarse con sus familiares (quienes lo proveen del equipo), con fines educativos y para obtener información de la causa que se le sigue, vía llamada de voz, mensaje de texto o WhatsApp.
No obstante, los reclusos tienen prohibido utilizar redes sociales por medio del celular ni cualquier otro dispositivo electrónico, según se explicó desde La Plata.
“No todos los internos cumplen con este protocolo. Algunos pueden cometer delitos como estafas, amenazas y venta de droga a través del celular, y otros incurren en una irregularidad, una falta al reglamento”, se dijo.
Si las autoridades penitenciarias “detectan” la comisión de un ilícito por parte de un detenido -aclaró-, deben denunciar para la formación de una causa judicial.
En cambio, si el SPB descubre una irregularidad con el uso del celular, secuestrará el aparato, le aplicará una sanción disciplinaria al reo y la contravención quedará registrada en su legajo.
“El uso de celulares generó el descenso del índice de violencia interna porque los detenidos se sienten más contenidos por sus familias”, aseguró.
Un área dependiente de la Dirección General de Seguridad controla que los prisioneros no empleen el dispositivo de manera indebida.
Fuente
Contanos lo que pasa en tu barrio a nuestro WhatsApp 2213044723. Tu aporte informativo construye nuestras noticias.
.gif)
Si llegaste hasta acá y te gusta nuestro trabajo podés apoyar nuestra misión con una colaboración. Podés hacerlo a través de la aplicación Mercado Pago.
$500 -- Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/1EY5WNz
$1000 -- Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/1sFT8Tn
Apreciamos enormemente el respaldo a nuestra tarea diaria de informar con objetividad y veracidad. Apoyarnos económicamente hace que mantengamos nuestra independencia y pluralidad en la información, sin depender de pautas que condicionen nuestro trabajo.
También podés sostener nuestro proyecto anunciando en nuestra FanPage. Tenemos planes a medida de cada anunciante.
.gif)
Si llegaste hasta acá y te gusta nuestro trabajo podés apoyar nuestra misión con una colaboración. Podés hacerlo a través de la aplicación Mercado Pago.
$500 -- Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/1EY5WNz
$1000 -- Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/1sFT8Tn
Apreciamos enormemente el respaldo a nuestra tarea diaria de informar con objetividad y veracidad. Apoyarnos económicamente hace que mantengamos nuestra independencia y pluralidad en la información, sin depender de pautas que condicionen nuestro trabajo.
También podés sostener nuestro proyecto anunciando en nuestra FanPage. Tenemos planes a medida de cada anunciante.
