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Tras el golpe en la cabeza contra uno de los bordes de la pantalla en la que se visualizan las radiografías, permaneció algunos días en terapia intensiva, incluso los médicos le daban pocas probabilidades de vida. “En los primeros dos años el gordito gateaba, caminaba normal y pensamos que lo que había sucedido había sido solo un susto, pero faltaba el habla y, como ya tenía dos hijos noté que Rocco babeaba más de ‘lo normal’. A partir de ahí, lo llevé con un médico legista, le explicamos el caso y él indicó que urgente había que presentar un litigio”, contó Deborah Kahan, la mamá del niño.
El diagnóstico del pequeño es “retraso madurativo severo, afasia mixta global severa que es secuela de la mala praxis médica, es decir, 100% de discapacidad cognitiva, severa e irreversible”.
Pese a que ya pasaron muchos años desde que la familia Grime Kahan lucha por el resarcimiento y, si bien en primera instancia la Justicia falló a su favor, los abogados de una de las partes demandadas, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato de los trabajadores estatales que dirige Andrés Rodríguez, trabaron el cumplimiento y manifestaron su intención de rechazar esa indemnización vital.
Según cuenta la mamá, la explicación que dan desde el sindicato para oponerse al pago tras el fallo, es que “ellos no podían saber si lo que tenía Rocco era producto del golpe recibido en la clínica, sino que podría haber sido un sangrado espontáneo”. Pero la mujer de 40 años explicó que en el estudio que le hicieron a su hijo cuando lo golpearon, salió que tenía una “contusión cerebral”, es decir, un hematoma producto de un golpe.
Lamentablemente, esta no fue la única “excusa” que presentan desde el sindicato para no hacerse responsable: Dante, el segundo hijo de la familia, tuvo algunos inconvenientes para aprender y se escudaron de eso para poner más trabas.
“Los abogados de UPCN dicen que Rocco tiene algo genético. Eso es mentira. Ninguno de mis hijos tiene problemas. Lo que le pasó a Dante es consecuencia de lo que le hicieron a su hermano. No tienen límites. Son desalmados”, afirmó Deborah, quien a raíz de eso le hizo un estudio genético y presentó para desestimar la consideración que hizo la obra social. Hace unos días atrás, la Justicia la incorporó a la causa.
“No hay resarcimiento económico que me va a devolver a mi Rocco que yo engendré, es mi hijo y lo amo, pero mi hijo estaba sano y ellos me devolvieron otra persona. Pero se tiene que hacer cargo porque el gordito va a necesitar asistencia médica de por vida”, pidió Deborah.
La historia clínica y todos los peritos de parte y de oficio dictaminaron que su afección obedece a esa negligencia de la enfermera cuando tenía que extraerle sangre para un análisis. Es por eso que el 11 de septiembre de 2019, un fallo de primera instancia del juez Civil Luis R.J. Sáenz, había dictado una sentencia bien fundada en la que condenó al Sanatorio Anchorena, a la Obra Social Unión Personal (UPCN) y a Erika Itzcovitz, que habían sido demandados por Deborah Kahan, la madre de Rocco.
La condena en primera instancia consistía en un pago de 13,7 millones de pesos a Rocco, principal damnificado; de 1,8 millones a su madre Deborah Kahan, y de 1,8 millones a su padre, Esteban Grime. El monto debía indexarse con los intereses que se generaran hasta el día del pago. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil frenó la ejecución de la sentencia por una estrategia de obstrucción de los abogados de UPCN.
La Sala M de la Cámara Civil, integrada por María Isabel Benavente y Gabriel A. Iturbide, suspendió la sentencia porque la obra social de UPCN solicitó una medida para “mejor proveer”.
En ese contexto, la Sala M dispuso días atrás “dése intervención al Cuerpo Médico Forense para que en el plazo más breve posible tenga a bien contestar TODOS los puntos de pericia médica”.
Según Deborah Kahan, la madre de Rocco, se trata de un “interrogatorio claramente con lineamientos preconceptuales y con directivas cerradas y lejos de responder al real objeto del juicio, sino de desvirtuar indicios sobre supocisiones contrapuestas, ya refutadas acabadamente con anterioridad en el litigio, e intentando persuadir a los galenos que deben responder ante preguntas que afirman cuestiones además de irrisorias, no ciertas, con diagnósticos equívocos que demuestran la triste, inadmisible y repudiable postura de un tribunal que debe hacer JUSTICIA de manera IMPARCIAL, situación que aquí expone burdamente lo contrario”.
Los abogados de UPCN manifestaron su intención de no pagar la indemnización e interpusieron una medida para determinar si el daño sufrido por Rocco podía ser parte de una condición genética preexistente. Esto solo era basado en suposiciones y especulaciones, porque las pericias médicas de parte y oficio no lo afirman ni por asomo. Además, ninguno de sus tres hermanos, Tobías (15), Dante (14) y Eric (4) padece una condición genética similar. Sus hermanos viven para Rocco, lo miman y lo abrazan las 24 horas del día.
Por su parte, Deborah Kahan informó que el diagnóstico actual de Rocco es: Retraso madurativo global severo y afasia mixta severa. 100% de Discapacidad cognitiva. 100% de necesidad de dependencia de terceros.
En ese sentido, la madre de Rocco afirmó que “el tribunal está modificando el diagnóstico de Rocco de manera arbitraria, maliciosa e infundada”. Y explicó que “la licenciada Domínguez no diagnostica TGD en ningún momento como intentan instalar desde tribunal en su pregunta al cuerpo médico forense; el diagnostico que figura en ese informe es: Retraso madurativo global a predominio áreas personal social y de lenguaje. ¿Cómo pretende el tribunal llegar a la verdad con éste proceder?” Kahan aportó los diagnósticos de la licenciada Dominguez (ver fotos adjuntas abajo de esta nota). Nunca ningún profesional diagnosticó a Rocco Grime Kahan con TGD.
