Lo que expresaré en estas líneas no los sorprenderá, ya que es la postura histórica y pública que he tenido a lo largo de los años en mi rol institucional al frente de la Asociación Vecinos en Defensa de Villa Elisa (VE.DE.VE) y que no cambia por el hecho de encontrarme en el ejercicio de la función pública sino que, por el contrario, me exige mayor responsabilidad.
Convencida de que el único camino para forjar una sociedad de iguales es el respeto a las leyes y al accionar de la Justicia, hasta ahora mantuve un prudente y respetuoso silencio, pero al observar que quienes actúan en la ilegalidad pretenden, a través del ocultamiento y la mentira, estafar a la comunidad en su buena fe, es mi deber hablarles a los vecinos, como siempre lo hice, con la verdad fundada en los hechos.
En primer lugar, hay que dejar claro que la clausura del gimnasio que funcionaba en la Ex OFA, es una DECISION DE LA JUSTICIA, en la que ningun funcionario político tiene la potestad de intervenir, sea Intendente, Legislador o Delegada Comunal, como quieren hacer parecer. Esta SENTENCIA JUDICIAL dictada por un JUEZ es el resultado de un largo proceso legal que inicio hace más de dos años; no sin antes haberse agotado todas las instancias posibles, por parte de esta gestión municipal de llegar a un acuerdo que, en el marco del legitimo derecho, restituyera el predio a la comunidad en beneficio de todos los villaelisenses.
En segunda instancia, el predio de la Ex OFA forma parte del PATRIMONIO PÚBLICO ESTATAL, por ende, de todos los ciudadanos platenses y especialmente de los Villaelisenses, habiendo sido cedido por la Provincia Bs. As al Municipio de La Plata con la finalidad de uso público al servicio de la comunidad y bajo su administración. Lamentablemente, en el año 2010 fue usurpado por Oscar “El Pava” Carrizo, amparado en el accionar corrupto de la gestión Bruera y con la cómplicidad del entonces delegado municipal Darío Romero, so pretexto de utilizarlo para realizar una obra de acción social a través del deporte.
El transcurrir de los años dejo al descubierto otra finalidad: resulta evidente que ninguna obra de acción social que se precie de legitima, puede surgir a partir de cometer un DELITO como lo es la usurpación del espacio público y otros conexos.
Escudados en la realización de una supuesta tarea social, quienes por años fueron parte de un sistema corrupto enquistado en el accionar de la vieja política, actuaron en consecuencia, cometiendo y justificando todo tipo de delitos, protegidos en aquel momento, por el poder político de turno.
En tercer lugar, como ha sido comprobado por la Justicia, la usurpación del espacio público de la Ex OFA es, lisa y llanamente, la excusa detrás de la que se esconde un NEGOCIO FAMILIAR PRIVADO. Guarecidos en la sensibilidad social que genera la imperdonable mentira que esgrimen al decir que cien chicos quedarán en la calle, más bien quienes regentean el negocio no sólo intentan evitar la pérdida clientes, ya que todas las actividades son pagas, sino que además buscan seguir apropiándose del valor patrimonial del espacio público que usurpan y que es de todos.
Mientras que cualquier ciudadano recto de buena voluntad que desea emprender un negocio lo habilita cumpliendo con las disposiciones legales tanto edilicias, como de seguridad, y además paga los impuestos correspondientes, quienes tomaron la “cosa pública” como propia ostentaban un grado de impunidad tal, que siguen creyéndose con el derecho de incumplir la ley y trasgreden, permanentemente, los dictámenes de la Justicia.
Hablemos claro: actualmente la ex OFA, cuyos legítimos beneficiarios deberían ser los vecinos, está
usurpada y en manos privadas que hacen su propio negocio. Esto no puede seguir ocurriendo.
En última instancia y por todo lo expuesto son los hechos los que hablan por sí mismos. Desgraciadamente durante muchos años, Villa Elisa estuvo dominada por ciertas mafias que actuaban en la oscuridad que les brindaba la protección política; organizaciones delictivas cuyo factor común fue apropiarse de lo público con fin de generar negocios en su beneficio.
Los principios de la gestión están avalados por la coherencia de la conducta en el pasado, y por la trasparencia de las acciones concretas en el presente. La recuperación, por la vía legal, del predio de la ex OFA para la comunidad implica cumplir con el DEBER PUBLICO para que los vecinos puedan debatir el objeto de su finalidad social, como debió haber sido desde un principio.
Aunque tengamos que soportar difamaciones, amenazas o cualquier tipo de violencia sea verbal o física, no vamos a salirnos de este camino porque tenemos la seguridad de estar haciendo lo correcto; porque somos respetuosos de la Justicia y porque estamos convencidos de que en DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LOS VECINOS la única opción es hablar con la verdad, que fundada en la realidad puede gustar o no, sin dejar de ser la VERDAD.
