Comunicado de prensa: Las Asambleas de Inundados de la ciudad de La Plata convocan para el día 16 de febrero a las 11hs. a realizar una concentración en las inmediaciones de la Fiscalía de Delitos Complejos UFIJ n° 8, ubicada en calle 54 entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata, a fin de exigir la inmediata remoción del fiscal Jorge Paolini a cargo de la causa penal de la inundación de abril de 2013. Prácticamente a 3 años de abierta la investigación el funcionario judicial arbitrariamente y amparado por el poder político, ha elaborado un esquema a fin de de dejar impunes los delitos llevados a cabo por los funcionarios públicos, del orden provincial y municipal, que provocaron las nefastas consecuencias que tuvo la inundación de los días 2 y 3 de abril del 2013 en el pueblo platense.
Paolini, a lo largo de la investigación, ha ido resguardando a los responsables penales de la inundación, para que queden totalmente impunes. Esta tarea de protector de los poderosos, la ha llevado a cabo de manera sistemática en un claro desprecio hacia los pedidos de justicia de las víctimas.
En primer lugar no avanzó para determinar el número real de víctimas fatales de la inundación y el esclarecimiento del posterior encubrimiento realizado por personal a cargo del entonces Ministro Casal. Luego del trabajo realizado por el Juez Arias, en lo que al número de víctimas fatales se refiere -ya que las conclusiones de la sentencia dictada en el fuero contenciosoadministrativo ni siquiera fueron usadas por Paolini como pautas de investigación-, de las 89 víctimas fatales decretadas por esta sentencia (a la que luego se sumarían dos casos más), Paolini considera que 17 casos no son fallecimientos que se hayan producido como producto de la inundación, dejando fuera a estas víctimas de la investigación penal.
No obstante, el aberrante tratamiento que efectúa el fiscal sobre los casos de víctimas fatales no termina acá, ya que mediante resolución de la fiscalía, determina que por la excepcionalidad del fenómeno meteorológico
de la lluvia de los días 2 y 3 de abril, ninguno de los fallecimientos producidos a causa de la inundación le serán imputados a persona alguna como resultado de un accionar delictivo.
Si bien Paolini no desconoce que para abril de 2013 la ciudad no contaba con la ejecución de obras hidráulicas sobre las cuencas más importantes, considera que la extraordinariedad del evento meteorológico no amerita investigar el motivo por el cual estas no se hicieron ya que de haber existido -según su criterio- poco hubieran influido en las consecuencias de la inundación.
Tampoco desconoce que no existía para aquella fecha la implementación de un plan de contingencia, y de un sistema de alerta temprana, y que la estructura de los organismos de defensa civil actuaron ineficientemente, y en base a las conclusiones anteriores, sólo imputa a los funcionarios a cargo de las carteras de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de La Plata (Miguel Ángel De Lorenzo y Sergio Ariel Lezana respectivamente) por la presunta comisión del delito de omisión o retardo de actos de oficio, delito menor que no prevé pena privativa de la libertad, descartando los delitos de homicidio culposo y estrago.
Pero lo que más señala la arbitrariedad de Paolini, fue su intención de cerrar la causa en octubre del año pasado a pocos días de realizarse las elecciones, dejado impunes a los principales responsables de las consecuencias de la inundación como al ex Gobernador Daniel Scioli, a sus Ministros Casal y Arlía y al ex intendente Pablo Bruera, entre otros sus funcionarios. Acción que no pudo llevar a cabo por la presión de las asambleas y víctimas de la inundación.
Por tal motivo las Asambleas de Inundados de La Plata a tres años de iniciada la investigación, exigimos la inmediata remoción del fiscal Jorge Paolini por su tarea arbitraria e ineficiente, y asimismo responsabilizamos del accionar del fiscal a la Dra. María del Carmen Falbo, como titular de la Procuración General de la Provincia. Decimos que la Inundación de los días 2 y 3 de abril no fue un evento extraordinario, y que los factores que la provocaron deben ser investigados por personal idóneo e imparcial. Que se respete el derecho de las víctimas de la inundación. Que se castigue penalmente a los responsables.
