Sin lugar a dudas, un Poder del Estado, en donde muchos de sus integrantes -en especial del Fuero Penal- creen que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas.
Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la sensación de inseguridad. Donde existen jueces de ejecución agnósticos de la pena, y jueces y fiscales
abolicionistas... No puede generar mucha confianza que digamos.
*Marcelo Carlos Romero - Fiscal del Ministerio Público - Miembro de Usina de Justicia