El 10 de febrero último dos oficiales de policías fueron agredidos a piedrazos y cuchilladas. Por este hecho, Juan Ricardo Monteros Helguera y Pablo Bernabé Monteros Helguera deberá llevar sus defensas a juicio oral, acusados por los delitos de “atentado contra la autoridad agravado por la comisión a mano armada y lesiones agravadas”, según se desprende de la causa a la que accedió Tinta Judicial.
Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Ballón (sargento) y la oficial principal Daniela Karina Mazza.
Tras el ataque, la escena del hecho fue relevada por el fiscal Romero, quien detectó que, entre otras situaciones poco comunes, el destacamento policial está rodeado de propiedades usurpadas y en la seccional, comparten el patio con los posibles intrusos, ya que no existen muros perimetrales.
Ante este panorama el fiscal envió un oficio al ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, que a continuación se transcribe en su tramo medular.
“(….) pude constatar, no sólo la precariedad de las condiciones de trabajo en las que los numerarios deben laborar, sino también, la ausencia lisa y llana de todo recaudo de seguridad de las instalaciones, a punto tal que estoy en condiciones de afirmar que cualquier morada particular presenta más reaseguros que esta dependencia oficial; máxime, si se toma en consideración el alto
grado de litigiosidad y conflictividad que surge de su ámbito territorial.
Aún sin poder internalizar aquella anarquía, personalmente, pude advertir que el predio donde está emplazada la dependencia se encuentra usurpado, de modo tal que ésta ha quedado cercada literalmente por la ilegalidad misma; a modo de ejemplo, cito que el espacio destinado a los secuestros es compartido con los intrusos.
También, pude establecer mediante diálogos espontáneos, que los ocupantes ilegales de dicho predio -obviamente en grado de superioridad numérica si se coteja con la cantidad de numerarios, en su mayoría de sexo femenino-, son los que establecen las reglas de convivencia y ejercen el ‘derecho de admisión’, digitando -incluso- el ingreso de personas, civiles o uniformadas, al Destacamento.
Frente a este cuadro delirante, es mi deber como Representante de la Comunidad en los procesos penales, donde la Policía es directa auxiliar, solicitar al Señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, disponga con carácter de urgente el establecimiento de medidas básicas de seguridad respecto al destacamento Policial Villa Progreso, acorde a la naturaleza de dicha Oficina, o en su defecto, ordene la clausura del mismo y su reubicación en un espacio idóneo, hasta tanto la investigación judicial iniciada de oficio por el suscripto en el día de la fecha, referente a la presunta usurpación de propiedad, obtenga resultados procesales positivos.”
El último párrafo del oficio, Romero solicitó que se tomen las medidas y acciones “que sean necesarias para asegurar la dignidad” del personal policial “para el acabado cumplimiento de su deber” y dio por sentado que “tal norte nunca se podrá concretar si éstos (los policías) se encuentran sometidos a laborar en las citadas condiciones”.
En tanto, la familia que había ocupado parte del terreno que correspondía al destacamento de Villa Progreso (ubicado en 122 y 80) abandonó el predio y fue reubicada en un centro asistencial de Berisso, confirmó a Tinta Judicial el fiscal Marcelo Romero, quien había ordenado la clausura del predio policial, luego de una agresión que sufrió parte del personal que cumplía funciones en la dependencia.
El traslado de los intrusos se realizó en el mediodía de este lunes 21 de julio. El operativo fue presenciado por el fiscal y el abogado Martín Lazarte, en representación de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires.
La familia fue reubicada en una copa de leche. Los moradores fueron notificados el pasado viernes de la orden judicial.
Fuente: Tinta Judicial
