En coincidencia con otros sectores de la producción y con actores de todo el arco político y social, las pequeñas y mediadas empresas se pronunciaron "en defensa de nuestra soberanía" y celebraron "la voluntad política de no negociar frente a la presión y la prepotencia de los grupos económicos extranjeros".
(Ansol).- "Manifestamos nuestro total respaldo a este proyecto nacional, popular e inclusivo que no dará ni un paso atrás", afirmó en un comunicado la Asociación Pyme.
"Durante estos últimos once años se afianzó un proceso de profundos y radicales cambios económicos, políticos, sociales y culturales que nosotros, como micro, pequeños y medianos empresarios, continuaremos apoyando y defendiendo con la más firme de las convicciones", consideraron desde esa entidad.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer la demanda argentina en el litigio con los llamados fondos buitres. A media mañana, informó que la causa volverá al tribunal del juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, lo que en principio pone al país bajo la amenaza de tener que desembolsar unos 1.330 millones de dólares.
Durante una conferencia de prensa que brindó por la tarde, la Presidenta, Cristina Fernández, anunció "al 92 por ciento de los acreedores que creyeron en la Argentina, que la Argentina va a cumplir con sus obligaciones, no va a defaultear su deuda reestructurada".
Convalidar ese sistema sería hacerlo como "una forma de dominación mundial financiera para arrodillar a los pueblos", señaló la mandataria.
Para la Asociación Pyme, la postura del gobierno nacional manifiesta "la independencia tanto política como económica que desde mayo de 2003 defiende este proyecto, representando la ratificación de la conducta ética y la voluntad política de no negociar frente a la presión y la
prepotencia de los grupos económicos extranjeros, especuladores voraces que pretenden atentar contra la soberanía de nuestro país".
En el mismo sentido, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) opinó que el fallo "representa una convalidación de los privilegios de los especuladores globales por sobre el trabajo y la producción" y llamó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales "a cerrar filas para defender la soberanía nacional ante este embate, considerando que el fallo atenta contra la Argentina, no contra un gobierno o un signo político".
