Acusado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción.
El juez Lijo mandó trabar embargo sobre los bienes del funcionario nacional por 200.000 pesos, informó el Centro de Información Judicial.
En las últimas semanas, diferentes representantes del Gobierno defendieron a Boudou, y argumentaron, entre otras cuestiones, que la medida es una maniobra de medios de comunicación, que, según esa visión, pretenden acallar el éxito de las negociaciones para cancelar la deuda con el Club de París.
La investigación sobre Boudou se inició a principio de 2012 cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas con su empresa y que contaba con la ayuda salvadora de un misterioso monotributista, Alejandro Vandenbroele, que les consiguió una inyección de capital a través de la empresa The Old Fund, constituida en el extranjero. También por un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.
En la resolución del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la causa número 1302/12 caratulada "Boudou Amado y otro s/ cohecho y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 265 del Código Penal", se establece como hecho imputado que Boudou, junto a Núñez Carmona, "habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial".
"Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa "Ciccone Calcográfica" a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a
operar y contratar con la Administración Pública", reza el texto de la resolución, de 333 fojas.
También se destaca que Boudou "no goza de fueros parlamentarios, más allá de que sea el presidente del Senado".
"Con ello se hizo hincapié en que el juez tiene la obligación de culminar con el proceso y que incluso puede dictar resoluciones vinculadas con los autos de mérito en contra de los funcionarios públicos amparados, como así también disponer la clausura de la instrucción y su consecuente elevación a juicio oral y público", sostiene.
Fuente: Asteriscos.TV
