Por Marcelo Carlos Romero -
Fiscal del Ministerio Público -
Miembro de Usina de Justicia
La independencia de los fiscales está en riesgo cuando:
* Exista un Procurador, Procuradora, Fiscal General o como quiera llamarse al jefe o jefa del Ministerio Público de la República, militante de un partido o espacio político, defensor de un relato o de un"proyecto", y que anteponga sus convicciones ideológicas por sobre el respeto irrestricto a la Constitución y la Ley.
* Se persigan fiscales por investigar a funcionarios de otros poderes (o a sus amigos y allegados), se le inicien sumarios administrativos o -directamente- juicios políticos con características de escándalo, como sucedió con el fiscal porteño José María Campagnoli.
* Se intente disciplinar a los miembros del Ministerio Público Fiscal, prohíbiéndoles solapadamente que se expresen públicamente (el que firma estas breves reflexiones, fue reiteradamente sumariado por la Procuración General de la Pcia. de Buenos Aires por haber cometido el pecado mortal de expresar sus ideas por la prensa...)
* Existan "fiscales subrogantes ad hoc" , designados por simple resolución de la Procuración General, sin la propuesta del Poder Ejecutivo y sin el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
* Existan fiscales designados para determinada jurisdicción que sean trasladados a otras, por cuestiones "operativas" o de "gestión", contrariando el mandato constitucional para el cual juraron al asumir sus cargos.
* Se exija para aprobar los exámenes de admisión en el Consejo de la Magistratura -en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo- la adhesión lisa y llana, sin posibilidad de objeción alguna, a la nefasta pseudo-doctrina del abolicionismo penal.
* Existan fiscales que le pidan al Ministro de Justicia de la Nación que se "lave la boca", cuando este funcionario osó criticar al gurú del penalismo argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni.
* Existan fiscales abolicionistas... Es decir, algo más absurdo que un sacerdote ateo.
Por otra parte, no creo que el hecho de limitar el mandato del Procurador General de la Nación signifique poner en riesgo la independencia del Ministerio Público... Mas bien, todo lo contrario.
