A través de un desgarrador y firme comunicado, la familia de Érica Yamila Valdez, la oficial de policía de 42 años que falleció el pasado 9 de abril en un puesto de vigilancia de Berisso, rompió el silencio. Los allegados rechazan de manera tajante la hipótesis oficial de suicidio y denuncian una serie de graves irregularidades en la investigación, exigiendo un cambio inmediato de la carátula judicial para esclarecer el presunto homicidio.
El trágico episodio tuvo lugar en el módulo policial ubicado en Avenida 60 y 139, en las cercanías de la planta de YPF. Según consta en el expediente, una ciclista que pasaba por la zona escuchó los gritos de auxilio de la oficial. Al aproximarse al destacamento, encontró a Valdez tendida entre la puerta y el interior del puesto. Antes de perder el conocimiento, la víctima llegó a pronunciar una frase que reactiva todas las alarmas de la causa: “Me pegaron un tiro”. Fue la propia testigo quien, utilizando el handy reglamentario, emitió la alerta radial para convocar a las patrullas que la trasladaron al Hospital de Berisso, donde finalmente se
constató su deceso.A pesar de este testimonio clave, la Justicia catalogó inicialmente el hecho como un suicidio, basándose en el hallazgo de una supuesta carta de despedida. Sin embargo, la familia nucleada en su reclamo expuso severas contradicciones: la testigo principal que asistió a Érica aseguró que jamás vio dicho papel en la garita, e incluso manifestó que tomó un cuaderno que se encontraba dentro del puesto policial para abanicar a la víctima e intentar ayudarla a respirar mejor. Además, los primeros uniformados en llegar al lugar afirmaron lo mismo. Jonatan Valdez, hermano de la oficial fallecida, apuntó directamente contra la preservación de la escena, revelando que fotos de la manuscrita ya circulaban por WhatsApp entre efectivos policiales antes de que los peritos blindaran el perímetro.
El comunicado familiar también cuestiona con dureza las insólitas demoras de la fiscalía interviniente, la cual fijó para los meses de agosto y noviembre las aperturas de los teléfonos celulares secuestrados y las pruebas de dermotest para determinar la presencia de pólvora. Los allegados confirmaron que ya aportaron de forma voluntaria las claves de los dispositivos para acelerar el proceso y determinar con quién se comunicó la oficial antes del disparo. Mientras se analizan las cámaras de seguridad municipales y de la firma YPF para identificar a una misteriosa pareja que huyó de la escena tras negar auxilio. Según declaró la testigo, pidió ayuda a esas personas, dijeron que no para posteriormente retirarse del lugar.
En tanto, la comunidad se organiza en marchas exigiendo que se investigue un posible encubrimiento policial.
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