La norma buscará impedir cortes de calles bloqueos y otras protestas. Podrán actuar las cuatro fuerzas federales y las provincias deberán decidir si adhieren.
El gobierno argentino ha anunciado la implementación de un nuevo protocolo destinado a prevenir y controlar los cortes de calles, bloqueos y otras formas de protesta que afecten el orden público. Esta medida busca asegurar que los ciudadanos puedan vivir en paz y sin interrupciones en su vida diaria.
Bajo la directriz del presidente de la nación, se han establecido las siguientes disposiciones:
1. Las cuatro fuerzas federales estarán autorizadas a intervenir en casos de cortes, piquetes o bloqueos, ya sean parciales o totales, con el objetivo de restablecer el libre tránsito y la circulación.
2. Las fuerzas federales podrán actuar sin necesidad de una orden judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 194 del Código Penal para los delitos en flagrancia.
3. Se priorizará la liberación de las vías principales, sin considerar la existencia de rutas alternativas para el tránsito.
4. La intervención de las fuerzas federales se llevará a cabo utilizando la mínima fuerza necesaria y proporcional a la resistencia encontrada.
5. Se identificará y procesará a los responsables, cómplices e instigadores de estas acciones, así como a los vehículos utilizados en la comisión de delitos.
6. En caso de daño ambiental, como la quema de neumáticos, se informará a las autoridades competentes.
7. Se notificará a las autoridades correspondientes en caso de participación de niños y adolescentes en protestas, y se sancionará a quienes los lleven a piquetes.
8. Los costos relacionados con los operativos de seguridad serán responsabilidad de las organizaciones o
individuos responsables, y en el caso de extranjeros con residencia provisoria, se informará a las autoridades de migración.9. Se establecerá un registro de las organizaciones involucradas en este tipo de acciones.
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina ha destacado que estas medidas tienen como objetivo mantener el orden público y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a circular libremente, sin ser afectados por interrupciones injustificadas.
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