Las empresas distribuidoras y transportadoras de gas han presentado al Gobierno un esquema tarifario con aumentos exorbitantes, superando el 350%, para su implementación a partir de febrero de 2024. En este contexto, Camuzzi Gas Pampeana, la prestataria de servicios en La Plata, ha solicitado un aumento del 421%, generando preocupación y malestar entre los consumidores platense.
Estos nuevos valores de tarifas fueron presentados por 15 empresas del sector ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como parte del proceso de convocatoria a una audiencia pública programada para el próximo 8 de enero. Durante esta audiencia, se determinará la primera actualización tarifaria bajo el gobierno de Javier Milei.
La solicitud de aumento no se limita a una sola empresa, ya que tanto las firmas encargadas de la distribución a hogares y empresas como aquellas dedicadas al transporte y la producción han solicitado aumentos significativos del servicio.
El congelamiento de las tarifas de gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante meses ha llevado a las empresas a realizar estimaciones basadas en el costo de adquisición del gas, transporte, distribución y los impuestos correspondientes. Según las estimaciones, la recomposición de tarifas para Metrogas debería alcanzar el 376,52%, mientras que para Naturgy el ajuste propuesto sería del 437%.
Además, se ha solicitado un mecanismo automático de actualización mediante el índice de inflación mayorista publicado por el INDEC. Estos puntos, junto con el costo de transporte de gas licuado, la incidencia de los precios en el gas no contabilizado y aspectos relacionados con la operación del Gasoducto Norte, serán tratados en la audiencia pública.
La propuesta de aumentos desproporcionados en las tarifas de gas plantea un desafío significativo para los consumidores, quienes enfrentarán una carga financiera considerable si estas medidas son aprobadas. La audiencia pública del 8 de enero será crucial para determinar el impacto de estas propuestas en la
economía de los hogares y las empresas, así como para evaluar la justificación y la viabilidad de los aumentos solicitados por las empresas distribuidoras y transportadoras de gas.La comunidad y los organismos de Defensa del Consumidor deberán estar atentos a las decisiones que surjan de esta audiencia pública, ya que estas tarifas afectan directamente la economía y el bienestar de la población.
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