El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Uno, hizo saber sus consideraciones al respecto de la Construcción de Vivienedas del Plan Procrear en el Batallón 601 de City Bell
Transcribimos a continuación lo publicado en la página web del Capba
El programa Procrear constituye una herramienta creativa, que recupera la presencia del Estado en la producción del hábitat, permitiendo a sectores medios el acceso a la vivienda propia y estimulando la actividad económica.
Construcción en el Batallón 601 de City Bell
El caso de referencia, plantea el proyecto de un conjunto de 350 viviendas en el predio del ex Batallón 601 en City Bell –en un contexto de inserción urbana-, inaugurando en la región la fase del programa de producción de vivienda colectiva, sobre tierras del Estado.
Sin embargo, preocupa el impulso municipal al proyecto, cuando aún no se han debatido suficientemente el fenómeno de la inundación en el territorio, sus causas y la sucesión de acciones correctivas a emprender, ni morigerados medianamente sus efectos.
La noticia, conocida con la publicación de la fecha de licitación de las obras, motiva nuestra alarma por la concreción de un emprendimiento de mediana escala cuyas consecuencias ambientales se desconocen, reiterando un modelo operativo por parte del Ejecutivo Municipal -más grave que en otras oportunidades-, a la luz de la catástrofe reciente.
Y es que si bien la movilidad social, el acceso a la ciudad y la respuesta al déficit habitacional encontrarían en el proyecto –del programa Procrear- una respuesta satisfactoria para el acceso a la vivienda de sectores medios para los que no existieron políticas sustantivas en décadas anteriores, aún no se conocen precisiones técnicas que demuestren la viabilidad del emprendimiento, sin riesgos ambientales y cumpliendo la premisa imprescindible de contar con la dotación de infraestructuras mínimas indispensables.
Es lógico pensar que cualquier proyecto urbano, y en particular aquellos de significativa escala, deben plantearse en el marco de un compromiso de redistribución social y mejora ambiental, ligados a una planificación urbana integral, garantizando las previsiones que reduzcan al mínimo los impactos no deseados. Y en este tipo de decisiones, que implican la construcción de las políticas de Estado, no puede estar ausente la participación ciudadana, como de hecho comenzó a producirse, en asamblea vecinal, una vez conocida la noticia. Tampoco sería concebible un proceso dirimido entre el impulso político y el control vecinal, en forma excluyente, sin la presencia de equipos profesionales capaces de estudiar la factibilidad técnica y el impacto, sobre el territorio y la sociedad, del hecho a producir.
Pero aún en un proceso inclusivo de estas características es imperioso tener en cuenta que nadie, pero nadie es propietario exclusivo ni de la verdad única, ni de ningún trozo de territorio. Ni el municipio, ni los vecinos:
“El debate ciudadano ha de estar orientado por objetivos políticos explícitos, es necesario hacer emerger los valores culturales y los intereses sociales implícitos. Se han de presentar las propuestas técnicas y financieras, así como los impactos previsibles, con la máxima claridad, lo cual parece obvio pero a menudo no se hace. Todas las personas han de tener su oportunidad, la oportunidad que exige proporcionar medios a quienes no los tienen, por edad, género o marginación social o cultural”.
En este sentido, “la administración local no puede renunciar a su rol impulsor de la transformación urbana. Su papel no es imponer sin debate su imperio en aquellas funciones limitadas que tiene en exclusiva ni seguir obstinadamente las dinámicas del mercado. Ni tampoco condenarse a no decidirse escuchando a unos y otros” -quienes expresan (algunos) sus legítimas preocupaciones sobre la capacidad de soporte de la tierra, o justifican (otros) la inconveniencia de mayores densidades soslayando posiciones elitistas-, “sin tomar partido. El gobierno local ha de tener un proyecto político e intelectual para la ciudad a partir del cual debatir las diferentes propuestas e intereses.” (El espacio público, ciudad y ciudadanía. Autores: Jordi Borja – Zaida Muxí, Barcelona, 2000.)
No se trata de impedir la realización de las obras, se requiere esclarecer su condición (y resistir el análisis de localización, proyecto, densidad, estado dominial y usos en la zona, etc). El Estado debe asumir su rol clave en la creación del suelo y el desarrollo urbano recuperando la decisión de la planificación. La creación de los bancos de tierras o de zonas urbanas especiales de interés social son instrumentos de intervención, sobre los cuales dejamos abierto el debate.
Una estrategia del Ejecutivo Municipal que hubiera comunicado las posibilidades que ofrecía este predio (o cualquier otro, para cualquier iniciativa), probablemente hubiera contado con el apoyo de instituciones como la nuestra, siempre dispuesta a apoyar, críticamente, las acciones positivas y en favor de los sectores postergados y la comunidad en general.
Hubiéramos aspirado a que se realizara un Estudio de Impacto Ambiental que fijara las densidades admitidas, y que se elaborara un programa que incluyera la provisión de servicios y equipamiento. Seguramente hubiéramos impulsado la realización de un concurso de anteproyectos para que la comunidad de arquitectos y población destinataria pudiera poner a consideración de los poderes políticos territoriales y los administradores del programa las soluciones más adecuadas para tan trascendente tema.
Sin lugar a dudas, la postura del Capbauno hubiera contribuido a la facilitación de lo que creemos constituye uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos: el derecho a una vivienda en el marco del hábitat, el derecho a la ciudad.
