El documento elaborado en forma conjunta por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas a fines del año pasado plantea los principales debates sobre normativa en cooperativismo. De cara al comienzo del año en el Congreso, Ansol consultó a especialistas sobre los temas que apremian al sector.
(Ansol).- La Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas presentó un documento en octubre pasado en donde expone la necesidad de discutir sobre el impuesto a las ganancias, la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los monotributistas cooperativos, el financiamiento de entidades de grado superior, la noción de cooperativas de consumo como la prestación de un servicio social y su consideración en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además del escenario de las cooperativas en el Mercosur.
“La legislación, la doctrina y la jurisprudencia argentinas aceptan sin controversia la finalidad no lucrativa, el carácter no comercial y la particular naturaleza jurídica de las cooperativas de consumo. Por ello, se propone reformar la ley del Impuesto al Valor Agregado a los fines de que el hecho económico descripto tenga un tratamiento acorde con su naturaleza”, detalló el escrito sobre la necesidad de un “correcto tratamiento” del IVA en las cooperativas de consumo.
“Los actos de las cooperativas de consumo realizados en el cumplimiento de su objeto social y la consecución de sus fines institucionales son actos cooperativos y no actos de comercio, no pudiendo calificárselos por lo tanto como operaciones de mercado ni contratos de compraventa, sino como la prestación de un servicio social”, destacó el documento.
El Impuesto a las Ganancias, en agenda a nivel nacional, también es tema de debate para el cooperativismo, debido a que se pide la no sujeción a ese impuesto.
“Si bien las empresas cooperativas son susceptible de originar una renta, su carácter no lucrativo justifica la iniciativa de modificar en el Impuesto a las Ganancias la actual condición de exentas (artículo 20, inciso de la ley 20.628) y establecer su no sujeción a dicho gravamen y, adecuar así la normativa al sector”, informó el escrito avalado por Cooperar.
“La inclusión de las cooperativas dentro del marco regulatorio de la medicina prepaga implica un retroceso en la materia así como un desconocimiento respecto a la naturaleza de estas entidades gestionadas por sus propios asociados. No están basada en el lucro, es por esto que se requiere la adecuación del marco normativo de manera tal de tener un tratamiento acorde a la actividad y finalidad desarrollada contemplando las particularidades del sector”, aclararon sobre las objeciones del sector a la inclusión de las entidades solidarias a la Ley de Medicina Prepaga (Nº 26.682).
En materia educativa, desde el sector se promueve la participación de las federaciones en las políticas de promoción y educación cooperativa, en conjunto con el Estado.
Para ello, “se propone una ley nacional que permita a las cooperativas efectuar un pago equivalente al 10 por ciento de la contribución especial directamente a su federación, descontándolo del pago que le corresponda abonar para cada ejercicio”.
Como contraprestación, aseguran, “la federación daría a los recursos recibidos el mismo destino que contempla la ley para la educación cooperativa”, señaló el documento sobre una propuesta para aplicar de forma plena Ley de Creación del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (Nº 23.427).
Como se confirmó en el documento, las personas asociadas a cooperativas de trabajo no reciben la Asignación Universal por Hijo ni Salario Familiar. Se considera desde el sector cooperativo que la AUH para los monotributistas cooperativos sería “un nuevo avance” hacia la ampliación de derechos “ya que recoge la protección social de aquellos sectores que más la necesitan, no requiriendo modificaciones de la legislación impositiva ni la elaboración de complejas estructuras de financiamiento”.
Desde 2012, está en carpeta parlamentaria el proyecto de Ley por el cual se crea un subsistema no contributivo de protección social basado en las asignaciones universales por hijo y por embarazo, en el ámbito del Régimen Nacional de Asignaciones Familiares instituido por la Ley Nº 24.714.
En el país existen cientos de cooperativas que brindan servicios públicos: luz, gas, telefonía, agua potable, etc.). Estas entidades se encuentran sujetas a la Ley Nº 20.337 de Cooperativas y a las normas nacionales y provinciales relativas a cada uno de los servicios que brinda. El sector brega por una Ley marco para la Concesión de Servicios Públicos Cooperativos.
“Resulta necesario revisar la legislación que rige la actividad de las cooperativas de servicios públicos a fin de adecuarla a la naturaleza de estas entidades, facilitando su desenvolvimiento y evitando los problemas a los que da lugar la aplicación de disposiciones que resultan contrarias a ella. Esta revisión alcanza también a las jurisdicciones provinciales según los diferentes servicios públicos”, detalló el documento.
Además, se promueve desde 2006 la creación de un Estatuto de Cooperativas del Mercosur, que es una normativa regional para facilitar la colaboración y el trabajo conjunto de las cooperativas de la región.
En noviembre de 2012 en Tecnópolis, la Red de Parlamentarios Cooperativistas analizó los avances del trabajo de los senadores en la Argentina y el Mercosur, en VII Congreso Federal de la Economía Solidaria y Asociativismo PYME.
Sin embargo, mientras en 2011 fue aprobado en Uruguay, en los otros países de la región se encuentra en proceso legislativo; en Argentina el estatuto fue presentado en el Senado y hasta la fecha no obtuvo dictamen favorable.
Las Cajas de Crédito Cooperativas cumplieron un papel clave en la economía de cientos de localidades del país, fomentando el crédito cooperativo en donde no llegaban las entidades bancarias.
Sin embargo, ratificaron, “resulta necesario revisar el marco normativo a los fines de modificar aquellas normas que atenten contra el fomento de estas entidades”. La Ley 25.782 que fuera luego modificada por la Ley Nº 26.173, “por no concretar su objetivo, al no aprobarse ninguna Caja de Crédito desde hace varias décadas”.
El compromiso de los parlamentarios cooperativistas
La senadora nacional por la provincia de Jujuy que preside la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas, Liliana Fellner anticipó a Ansol que el espacio que lidera trabajará en pos de una ley marco en Economía Social.
“Procuraremos el crecimiento de la red y el fortalecimiento del asociativismo. En este año, seguiremos trabajando con las problemáticas concretas que afectan a las cooperativas y mutuales. Por ejemplo, la noción de una ley general de Economía Social y Solidaria. En ese sentido, muchas veces referimos a aquella pero hay otras normas que pasan por diferentes comisiones. Todas rozan a las empresas asociativas, entonces, desde la red capacitaremos a legisladores para que atiendan los pedidos de los trabajadores y que se dé el diálogo entre el Congreso y los asociados”, anticipó.
En la misma línea, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la red, el diputado nacional Carlos Heller, afirmó aeste medio: “Trabajaremos sobre cuestiones que tienen que ver con el tratamiento impositivo del acto cooperativo, sobre la falta de claridad legislativa sobre el carácter y naturaleza del acto cooperativo”. Fue en septiembre pasado, luego de la firma del Convenio de Cooperación Recíproca entre la Red Parlamentaria y Cooperar.
“Desde nuestro espacio colaboramos para que se consensúen ideas que luego sean proyectos, para que más tarde los bloques le den impulso y se conviertan en leyes que favorezcan al sector”, se había comprometido Heller.
La Red -que quedó formalmente conformada el 15 de mayo del año pasado por seis diputados y seis senadores- tiene por finalidad promover y acompañar desde la órbita legislativa el desarrollo del sector cooperativo.
La visión legal de las normativas en pugna
“Se está avanzando mucho en la Asignación Universal por Hijo para los monotributistas cooperativos, con la excepción del Impuesto a las Ganancias y en la previsión social. En temas puntuales, tuvimos un avance y mantenemos las expectativas para este año legislativo”, manifestó a Ansol la asesora legal de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) Marcela Macellari, en alusión a la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación.
