"El proyecto de ordenanza presentado adhiere a la ley provincial 12.698, la cual establece que todos los distritos que adhieran a esta ley pueden contar con un beneficio de una tarifa social de energía eléctrica", señaló Soria.
"Este beneficio implica una reducción del 40% del valor de la tarifa actual para aquellos sectores que están en condiciones de vulnerabilidad y no puede afrontarlo como la mayoría de los usuarios. El beneficio será centralmente para la periferia de la ciudad y para aquellos casos puntuales de personas que se hayan quedado sin trabajo, personas con una jubilación mínima, y todos los sectores que necesiten ser incluidos", indicó la concejal.
"Este proyecto se empezó a trabajar desde 2006 con una iniciativa presentada y aprobada en el Concejo Deliberante, pero en esa oportunidad las autoridades de la empresa EDELAP nos plantearon que no estaban obligados a cumplir porque se regían por la órbita nacional, que no cuenta con una ley del tipo que hay en la Provincia que plantee una Tarifa Social", sostuvo la edil, y agregó: "El año pasado, al pasar la empresa a la órbita provincial, entramos en condiciones de exigir este derecho".
"Lo que se plantea ahora es constituir una Comisión para que se evalúe el tipo de beneficiarios y que el Departamento Ejecutivo, a través de la propuesta que se eleve, implemente la política", afirmó.
"La idea que trabajamos con el Director de Defensa al Usuario y Consumidor, Roberto Daoud, es comenzar con aquellos barrios que tienen medidores comunitarios. Estos medidores son subsidiados por el Gobierno Nacional, a través de fondos que le envía a la Provincia y ésta a la empresa. En su momento reemplazaron el sistema de enganche, usado por aquellos que no tenían otra opción para obtener energía. Pero con los años, esos barrios fueron creciendo y esos medidores no se ampliaron, y el servicio con el que cuentan quedó muy limitado, con cortes con frecuencia, baja tensión, falta de asistencia por parte de la empresa, es decir, un servicio de muy mala calidad", señaló Soria.
"Esto será una forma de regularizar a estas personas. Para comenzar hay dos cuestiones, una sería que puedan ser usuarios residenciales con sus medidores y el beneficio del 40%, y la otra, que haya una capacitación sobre las conexiones actualmente en los barrios que son muy precarias, generando problemas evitables", concluyó la concejal.