La Asociación Civil Usina de Justicia presentó el 4 de julio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un escrito en donde impugna la presencia de Zaffaroni como juez de la Corte.
La ONG postula que la presencia de Zaffaroni en el cargo es incompatible con la intensa actividad política que el juez mantiene desde el inicio de su cargo. En los argumentos de la nota enviada a Washington, señalan que “Zaffaroni, desde pocos días después de asumir como juez de esa Corte, se ha volcado en forma ostensible a la actividad política, a través de actos que afectan su independencia, imparcialidad, la dignidad y prestigio de su cargo y la investidura de juez internacional”. Entre otras, Usina de Justicia menciona la “intensa actividad político partidaria y militante” del ex juez de la Corte Suprema, el hecho de que Zaffaroni actúe como asesor legal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus causas por corrupción, sus opiniones críticas acerca de causas penales en las que se investigan delitos de otros ex funcionarios y su asidua descalificación del actual gobierno.
El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 18, prohíbe que los
jueces realicen actividades que “afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo”.
Usina de Justicia es una ONG que integran la filósofa Diana Cohen Agrest y la historiadora Ema Cibotti junto con familiares de víctimas, juristas, periodistas y otras personalidades como los fiscales Ricardo Sáenz y Marcelo Romero, Marcos Aguinis, Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Matias Bagnato y Carolina Píparo.
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